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Campaña sale a contrastar las “mentiras y odios” sobre la ley Trans

Organizaciones sociales y sectores del FA defenderán la normativa ante una propuesta de derogación que “distorsiona” su contenido.

Varias organizaciones sociales, sectores e integrantes del Frente Amplio activaron en las últimas horas una Campaña Nacional en defensa de la ley Integral para Personas Trans, en respuesta a la iniciativa que pretende derogar esa normativa.

Este lunes el precandidato nacionalista Carlos Iafigliola y el diputado de ese partido, Álvaro Dastugue, entregaron ante la Corte Electoral cerca de 70 mil firmas.

Se trata de poco más del 2% del padrón electoral y que permitirá que, luego de validadas, se convoque a una consulta popular en la que más de 600 mil votantes concurran voluntariamente y habiliten a su vez la realización de un referéndum de carácter obligatorio.

En ese marco, los promotores de la campaña en defensa de la ley, aprobada en octubre del año pasado, diseñaron una serie de acciones reivindicativas, al tiempo que rechazan ciertas afirmaciones de sus detractores.

En ese sentido se repudia la intención de derogación, en cuanto a que “atenta contra las obligaciones que el Estado uruguayo ha ratificado en tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, proponiendo un retroceso en su conquista”.

También se repudia el uso de la “distorsión y la mentira” como medio para lograr la obtención de las firmas presentadas.

Al respecto se afirma que el texto de la ley es bien claro, en cuanto a que se busca garantizar derechos a una población históricamente vulnerabilizada.

Así, entre algunos aspectos que han sido distorsionados por la “contracampaña”, se menciona el artículo 6 de la ley, relativo al cambio de nombre y sexo registral, y el artículo 21, que hace referencia a operaciones y tratamientos hormonales en los casos de menores de edad.

“Ambos explicitan la inclusión de padres, madres o tutores, con el debido respeto a la patria potestad y fundamentados en la Convención de los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente”, se aclara.

En ese marco se remarca que la ley no habilita operaciones de readecuación genital a niños y niñas. Para los tratamientos hormonales, en tanto, se requiere el aval de tutores legales y el equipo de salud interviniente.

“No hay antecedentes de operaciones de adecuación de sexo genital a menores de 18 años en el Uruguay”, se agrega. Se trata de un tipo de intervención que, en adultos, se viene realizando de forma gratuita desde 1991.

La Campaña Nacional se refirió también al artículo 10 de la ley, que prevé un rėgimen reparatorio para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que puedan demostrar haber sufrido violencia institucional, privación de libertad y daño moral o físico por parte de agentes del Estado.

Dichos fondos saldrán del Ministerio de Desarrollo Social. “Los fondos para esta reparación histórica ya existen y no saldrán de ningún impuesto o descuento sobre salarios o jubilaciones”, se aclara.

Se asegura además que la ley busca garantizar la igualdad de oportunidades y derechos básicos, como la educación, la identidad, un trabajo digno y una vida libre de discriminación.

“Hablar de privilegios, de hormonización infantil inadecuada, de mutilación genital, de la pérdida de la patria potestad o de ideología de género no implica simplemente una mala interpretación de la ley”, se afirma.

Es, en cambio, una “distorsión intencional de su contenido y una clara estrategia de desinformación e instalación de alarmas infundadas en la población”.

“No estamos dispuestos a que se invite a la distorsión, el miedo y la mentira para sostener discursos y prácticas de odio frente a los avances logrados”, se concluye.

Un “odio” que, a juicio del director nacional de Promoción Sociocultural del Mides, Federico Graña, es el que mueve a Iafigliola y a Dastugue.

Así, apeló a la condición religiosa de los detractores de la ley, uno católico, el otro pastor evangélico. “No mentirás” dijo, reocrdando uno de los Diez Mandamientos.

Graña los tildó de “fundamentalistas capaces de ir contra sus principios por lograr sus objetivos”.

Si bien reconoció el derecho a juntar firmas para derogar la ley, el jerarca dijo tener denuncias de que lo hicieron “diciendo que se le iba a sacar plata a jubilados y que se iba a operar a menores de cinco años”.

Graña señaló que el Mides está trabajando en la reglamentación, que estará pronta en abril.

El diputado Sebastián Sabini (MPP) remarcó a su vez que se juntaron casi 70 mil firmas para derogar los derechos de uno de los colectivos más desprotegidos y vulnerables del país, y lo hicieron mintiendo sobre los contenidos de la ley. “No lo olvidamos”, aseguró.

Su colega Pablo González (Lista 711) fue más allá y propuso en respuesta “interpretar correctamente la Constitución” para retirarle a las iglesias la exoneración impositiva y que así “aporten por todo el patrimonio que acumulan”.

González planteó una campaña de recolección de firmas a esos efectos.

Somos progresistas

La campaña de Iafigliola y Dastugue generó un cortocircuito en el Partido Nacional.

El Frente Nacionalista Carlos Quijano, integrado por “jóvenes militantes de todos los sectores” de esa colectividad que reivindican el rol “progresista que el partido tuvo desde su origen”, rechazó la iniciativa de derogar la ley.

En ese marco le reclamó al Directorio desmarcarse de forma institucional de la recolección de firmas y comenzad a discutir la “Agenda de Derechos” del Partido Nacional para estar seguros que, si se asume el gobierno en 2020, “no se dará un paso atrás” en las conquistas.

El Partido Nacional aclaró este lunes que la iniciativa de derogar la ley carece del respaldo institucional de las autoridades partidarias.

Fuente: Ecos

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